Estrategia del Gobierno contra el abuso infantil

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Cada día 59 niños son víctimas de violencia sexual en Colombia. De ellos, casi el 70 por ciento son pequeños entre los 5 y los 14 años de edad, según cifras del Instituto de Medicina Legal entre enero y abril de este año.

De acuerdo con la entidad, en lo que va del 2019, se han registrado un total de 7.141 casos, cifra levemente menor al mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 7.165.

Las agresiones contra los niños no se quedan ahí. Al mirar el conjunto de las violencias a las que fueron sometidos en 2018, tenemos que 61 niños a diario sufrieron maltrato físico, psicológico y sexual, de acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

De esos casos, más de la mitad son por violencia sexual, un flagelo que parece no tener tregua en el país. Es por eso que la entidad ha propuesto la necesidad de crear una política pública para enfrentar el flagelo.

Desde 2016 a febrero de 2019, 35.327 niños fueron atendidos en el Icbf por este motivo, mientras que otros 30.631 llegaron por maltrato físico y psicológico.

Tanto los datos del Icbf como los de Medicina Legal ratifican que las personas más cercanas son, en su mayoría, los primeros responsables de la violencia sexual en contra los más pequeños. De acuerdo con el informe de Medicina Legal, el 69 por ciento de los abusos contra menores son perpetuados por familiares o algún conocido.

Bogotá, con 1.103 casos, es la ciudad con más casos de violencia sexual. Y entre los departamentos se encuentra Antioquia, con 828, y Valle del Cauca, con 607, aunque se presentan reducciones si se comparan los primeros cuatro meses de 2018 con los de 2019.

Sin embargo, saltan a la vista los datos de departamentos como Guanía o Guaviare, en los que ha habido incrementos alarmantes. El aumento ha sido de 350 y 275 por ciento, respectivamente.

Para Gloria Carvalho, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez, este es un problema que tiene que ser prioritario para el país. Según ella, es necesario que se cree un mecanismo urgente de lucha contra la impunidad, «la generación de una unidad especial de Justicia para niñez, compuesta por fiscales, investigadores, policía judicial, jueces y defensores públicos suficientes, que permita una pronta judicialización y condena de sus agresores».

La impunidad y el bajo número de denuncias es una de las dificultades en todos los tipos de maltrato. Ángela Rosales, directora de Aldeas Infantiles SOS, le dijo a este diario que se calcula que el 70 por ciento de los casos de maltrato infantil no se denuncian, y el número de casos que son resueltos, frente a los que se presentan, es todavía muy bajo.

«Eso pasa porque hay situaciones normalizadas, como pegarle una palmada o cosas peores. Todavía hay una concepción de crianza en la que se tiene que usar la fuerza. En segundo lugar, se explica porque la gente tiene miedo de lo que pasa cuando se denuncia, y en tercero, porque tampoco saben para qué sirve denunciar. Por eso el subregistro es tan alto», asegura Rosales.

Ante ese panorama, Juliana Pungiluppi, directora del Icbf, reveló que la entidad está liderando una estrategia, que puede terminar en una política pública, con la que se busca reducir el número de casos de violencia que se registran cada día.

La primera de esas iniciativas, que ya fue anunciada hace un mes, fue un decreto que obliga a las empresas a no contratar a personas que hayan sido condenadas por delitos a menores.

De acuerdo con Pungiluppi, esa fue apenas una de las acciones que seguirán adelantando, pues también se creará un Grupo Élite dentro de la Policía de Infancia y Adolescencia; «se adelantará una gran campaña de movilización social y transformación cultural; se creará un grupo de jueces especializados para acelerar la judicialización de los casos de violencia contra los niños, y se crearán Centros de Atención Inmediata para Niños Abusados (Caina)».

En el Plan Nacional de Desarrollo para este cuatrienio, el Gobierno se fijó una meta para la reducción de casos de violencia. En el documento, detallan que el objetivo es que se reduzca la tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes a 260,2 por cada 100.0000 menores, teniendo en cuenta que en el 2017 esa tasa fue de 303,8.

Pese a que los planes van avanzando, la directora del Icbf manifestó su preocupación por la falta de recursos. «Tenemos todos los planes diseñados, venimos trabajando muy fuerte para lograrlo, pero no tenemos recursos suficientes para llevarlos a cabo. Tal vez sea necesario la expedición de un documento del Conpes. Estamos a la espera», agregó Pungiluppi.

Fuente: El Tiempo

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