Aida Merlano y el punto de quiebre para el Inpec / Opinión

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Por fuerza de la vergonzosa fuga de Aida Merlano, al presidente Iván Duque le va a tocar coger por los cuernos un toro que ni el suyo ni los otros gobiernos han querido enfrentar decididamente: el de la corrupción y la ineficiencia del Inpec y, en general, de todo el sistema carcelario y penitenciario del país.

Casi a escondidas, las últimas administraciones han venido barajando opciones sobre cómo darle sepultura a un cuerpo armado que nació hace casi 30 años con la misión de reemplazar a la no menos emproblemada Dirección General de Prisiones y que ´aquí no valen las aguas tibias´ no solo ha sido un fracaso, sino que su misma existencia hace más gravosa la crisis carcelaria del país.

Y ha sido casi a escondidas porque el riesgo de un paro promovido por los más de 80 sindicatos, y que suena casi extorsivo, funciona. Sindicatos en un cuerpo armado que, por cierto, presta una función esencial para la administración de justicia en el país.

Uno tras otro, cada ministro de Justicia ha tenido en su agenda la papa caliente de cómo lidiar con el Inpec. Algún gobierno planeó la estrategia de ´marchitarlo´ lentamente; también le quitaron el manejo de los grandes contratos ´que pasaron a una entidad también cuestionada, la Uspec, con la que el Inpec literalmente vive en ´guerra fría´. Y el nombramiento de generales de la Policía en la dirección del instituto se quedó en una cuota inicial, muy inicial, de lo que se ha pensado como una solución definitiva: la entrega de la función de custodiar las cárceles a una nueva dirección de la Policía especializada en esa tarea.

Pero ningún gobierno se ha atrevido a dar el paso. No solo por la presión de los sindicatos, sino porque hay poderosos congresistas que han convertido al Inpec, y también a la Uspec, en sus cotos burocráticos. Y mientras esta situación sigue, los escándalos van y vienen, y los presos del país siguen malviviendo en cárceles en las que el hacinamiento supera el 50 por ciento y la extorsión diaria y mensual de los ?caciques de patio? y guardianes corruptos se ha convertido en parte del paisaje.

¿Es serio un sistema penitenciario que permite que algunos privilegiados salgan a consultorios y clínicas privadas a tratamientos de diseño de sonrisa, pero también a ´lipos´ y otros procedimientos estéticos? ¿Por qué, además, el Estado debe asumir el costo y el riesgo de esos desplazamientos? Eso pasa en Colombia y no ha habido ministro de Justicia que se atreva a ´ponerles el macho´ a esta y otras ventanas de corrupción. ¿El gobierno Duque y su ministra Margarita Cabello cambiarán esa historia?

JHON TORRES

Contenido tomado de: El Tiempo

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