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El socialista José Antonio Griñán, ex presidente regional de Andalucía, se defendió este miércoles ante la justicia de las graves acusaciones que podrían llevarlo a la cárcel, en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de España y cuyo juicio entró en su fase final.

Desde diciembre, Griñán y otros 21 ex dirigentes socialistas andaluces son juzgados en una macrocausa en Sevilla por el presunto manejo irregular entre 2000 y 2011 de un fondo público de 854 millones de euros, destinado a ayudas laborales.

El objetivo del fondo era financiar el coste de despidos por empresas en apuros, especialmente durante la crisis económica en España (2008-2013), o ayudar directamente a trabajadores afectados.

La fiscalía sostiene, sin embargo, que las ayudas se concedieron discrecionalmente y eludiendo los mecanismos de control de los inspectores del gobierno andaluz.

Griñán, de 71 años, fue una figura clave en ese período, primero como consejero de Economía y Hacienda de 2004 a 2009 (un cargo equivalente a ministro regional) y luego como presidente de la Junta de Andalucía de 2009 a 2013.

La fiscalía pide seis años de cárcel y 30 de inhabilitación contra él, acusado de malversación y de un «delito continuado de prevaricación», es decir, tomar decisiones en tanto que funcionario a sabiendas de que son irregulares.

Griñán sostuvo este miércoles en el juicio que no le correspondía fiscalizar el gasto público ni las posibles irregularidades que se cometieran.

«Yo llego a la Junta en 2004, y lo que conozco de cualquier programa es el programa presupuestario, pero nunca conozco la ejecución del gasto (…) quien tiene que controlarlos [esos gastos] es la Intervención», la instancia inspectora del gobierno andaluz, dijo Griñán al fiscal.

«Lo que hace un consejero de Hacienda es atusar el gasto», insistió.

El caso tiene un fuerte componente político, en una Andalucía gobernada sin interrupción por los socialistas desde 1982.

Según sus detractores, la concesión discrecional de ayudas ilustra los métodos «caciquiles» empleados por el socialismo andaluz para garantizarse votos y mantener su control sobre la región.

«Se habla mucho de la corrupción sistémica del PP en Madrid, pero en la Andalucía del régimen del PSOE no nos quedamos atrás», escribió en Twitter Teresa Rodríguez, líder en Andalucía del partido izquierdista Podemos, refiriéndose a los casos que por otro lado pesan sobre el Partido Popular de Mariano Rajoy en la región de Madrid.

Entre los 22 acusados se encuentra el histórico dirigente socialista Manuel Chaves, presidente de Andalucía de 1990 a 2009. Declarará después de Griñán, y en su caso la fiscalía pide 10 años de inhabilitación por prevaricación.

Fuente: AFP

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