La «rebelión» de los independentistas, un tema polémico también en España

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La acusación de «rebelión» contra los independentistas catalanes no es solo cuestionada por la justicia alemana, sino que también en España provoca debate entre los juristas.

Un juez del Tribunal Supremo acusó al expresidente catalán Carles Puigdemont y a otros 12 independentistas de rebelión tras la fallida proclamación de independencia de Cataluña el pasado 27 de octubre.

En el Código Penal español, este delito penado con hasta 30 años de cárcel implica un «levantamiento violento y público» con el objetivo de suspender o de modificar la Constitución, derrocar al rey, impedir elecciones, disolver el Parlamento, derrocar el consejo de ministros, un gobierno regional o proclamar la independencia.

Un centenar de profesores de derecho penal firmaron en otoño un manifiesto en el que consideraban que la acusación de «rebelión» no era aplicable en el caso de los secesionistas catalanes. Según ellos, no hubo un «levantamiento violento» y, por lo tanto, no hubo «rebelión».

La justicia alemana abundó en ese sentido al rechazar el jueves la acusación de «rebelión» de las autoridades españolas, ya que supondría que Puigdemont -que el viernes salió de la prisión en Alemania- fuera culpable de hechos de violencia o que la importancia de la violencia obligara a «ceder» al Estado español.

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que procesó a 13 independentistas, estima que el levantamiento está probado. Llarena menciona en su último auto dos episodios en particular.

Por un lado, una manifestación en la que se rodeó un edificio donde la Guardia Civil llevaba a cabo registros en Barcelona el 20 de septiembre, en la que varios vehículos policiales sufrieron daños y los agentes permanecieron bloqueados en el interior durante varias horas. La manifestación no dejó heridos.

Por otro, la resistencia de los independentistas que impidieron a la policía confiscar las urnas del referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia del 1 de octubre.

Varios agentes resultaron heridos en esa jornada, que estuvo sobre todo marcada por la violencia policial que dejó decenas de heridos.

Para el juez Llarena, era una resistencia orquestada por los dirigentes independentistas que sabían que podría irse de las manos.

– ‘Golpe de Estado’ –

Una fuente judicial cercana al magistrado afirma asimismo que el proceso independentista constituyó «un golpe de Estado aún más grave que el de Tejero», el guardia civil que intentó derrocar la democracia el 23 de febrero de 1981.

En cambio, para el abogado Xabier Etxebarria, profesor de derecho penal en el País Vasco, interrogado por AFP, esas acciones «son elementos de desórdenes públicos o atentados a la autoridad, pero no es rebelión.»

Xavier Arbós, profesor de derecho, señala además que la responsabilidad personal de los diferentes inculpados no fue detallada.

La asociación progresista Jueces para la Democracia expresó, por su parte, su preocupación por una interpretación tan amplia del concepto de «rebelión», que amenaza el derecho a manifestarse, según su portavoz Ignacio González Vera.

En febrero, Amnistía Internacional denunció el encarcelamiento desde mediados de octubre de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, imputados por «rebelión». Según la organización de defensa de los derechos humanos, su detención constituye una restricción «excesiva y desproporcionada» de su derecho a la libertad de expresión.

Por su parte, los independentistas aseguran que su movimiento es y seguirá siendo pacífico. En octubre, distribuían a sus partidarios manuales de resistencia pasiva.

Frente a ellos, el gobierno conservador en el poder en España estiman que no hay otra respuesta posible que la de la justicia, frente a unos políticos catalanes que ignoraron las leyes de manera repetida.

La primera fuerza de oposición, el Partido Socialista Obrero Español, defiende que se revise la Constitución para ir hacia un mayor federalismo.

El partido de izquierda radical Podemos denuncia, por su parte, la «represión» de la que son objeto los independentistas y se pronuncia por una España de «naciones» y un diálogo que la justicia no puede favorecer.

David Kaye, experto independiente que trabaja para Naciones Unidas sobre la libertad de expresión, llamó el viernes a «no mantener los cargos de rebelión» y a privilegiar «los instrumentos de diálogo y de reconciliación».

Fuente: AFP

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