Bruselas busca proteger a los denunciantes de irregularidades

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La Comisión Europea dio a conocer el lunes un proyecto de directiva para proteger a los denunciantes contra represalias internas o ante la justicia, sacando lecciones de una serie de escándalos.

Dieselgate, LuxLeaks, papeles de Panamá, Cambridge Analytica… Las revelaciones que han surgido sobre empresas que violan la ley europea han empujado al ejecutivo europeo a reconocer el «importante papel que pueden desempeñar los denunciantes de irregularidades».

«Muchos escándalos recientes no habrían salido a la luz de no haber sido por las valientes voces desde dentro», dijo el primer vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, en un comunicado.

«Por lo tanto, una mejor protección de los denunciantes nos permitirá detectar y prevenir mejor cualquier prejuicio al interés general», agregó Frans Timmermans.

El proyecto del ejecutivo europeo, que debe pasar por la Comisión y el Parlamento, propone la creación de estructuras internas para canalizar denuncias en toda empresa de más de 50 empleados o 10 millones de euros de facturación.

También preconiza estructuras similares en toda las administraciones públicas nacionales y en las alcaldías de ciudades de más de 10.000 habitantes.

Estas estructuras deben garantizar el anonimato del denunciante e iniciar una investigación que debe dar una respuesta en tres meses. Ante la falta de respuesta el denunciante podrá acudir directamente a las autoridades.

La propuesta permite asimismo que los denunciantes puedan dirigirse a los medios de prensa «cuando ninguna medida adecuada fue tomada luego de un señalamiento, en caso de peligro inminente o en caso de daño irreversible».

La ONG Transparency International calificó la iniciativa como «una victoria» para los denunciantes de irregularidades, aunque algunos aspectos deben ser mejorados.

El texto de la UE destaca que los denunciantes serán protegidos en presentaciones vinculadas a concursos de ofertas públicas, servicios financieros, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, seguridad de productos, transportes, nuclear y alimenticia, y protección del medio ambiente, vida privada, datos personales y salud pública.

Fuente: AFP

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