Uspec y Dian se enfrentan por impuesto a la comida de 120 mil presos

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La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y la Dirección de Impuestos Nacionales (Dian) acaban de cruzarse un par de comunicaciones en las cuales se enfrentan por el cobro de un impuesto a la comida de los 120.536 presos que tiene el país.

El rubro se denomina impuesto al consumo, y equivale al 8 por ciento que la Uspec debe desembolsarle anualmente por la alimentación de los internos, que vale 411.000 millones de pesos.

En la práctica, la suma por pagar bordea los 33.000 millones de pesos, que para la entidad penitenciaria no deberían cobrarse por tratarse de recursos que se equiparan a ‘asistencia social’, libres de gravámenes.

Así se lo dijo a la Dian en una carta del pasado 10 de mayo, remitida desde la Oficina Asesora Jurídica de la Uspec.

En el documento se advierte, además, que cobrarle impuesto al consumo a la alimentación de los presos deriva en la reducción de los recursos que se destinan para sus comidas, las cuales hacen parte de las necesidades básicas que el Estado debe satisfacer para proteger su dignidad humana.

‘El impuesto nacional al consumo tiene como hecho generador la prestación o la venta al consumidor final o la importación por parte del consumidor final, y el consumidor final para este caso sería la población privada de la libertad quienes están a cargo del Estado, teniendo en cuenta que es un deber del Estado su suministro’, precisó la entidad en la carta.

Y, citando la sentencia C-209/16, añadió que hay jurisprudencia constitucional que respalda su tesis. Y se advierte que no se puede catalogar de servicio de catering, el cual sí es objeto del pago de impuesto al consumo.

¿Quién dirime?

Pero esta postura fue rechazada de tajo por la Dian.

El 11 junio, su Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina respondió que los 411.000 millones de pesos destinados a la alimentación de internos salen de lo que se denominan ‘gastos generales’ de la entidad penitenciaria y, por lo tanto, no pertenecen a los recursos públicos que se destinan como asistencia social.

Por tanto, para la Dian ‘no procede revocar’ el cobro del impuesto al consumo, ya que hay doctrina vigente que interpreta de forma distinta la sentencia C-209/16 de la Corte Constitucional y sirve de base para ejecutar y mantener vigente el cobro del gravamen.

Entre otros, cita los oficios 39638 de 2014, 8244 de 2018 y 7608 de 2019 que ha emitido para hacer este tipo de claridades.

“No se puede hacer extensiva la sentencia de la honorable Corte Constitucional que solo señaló la exclusión del impuesto al consumo a la alimentación bajo contrato celebrado con recursos públicos y destinados al sistema de asistencia social. Por lo tanto, no procede revocar los conceptos solicitados”, enfatizó la Dian.

Para la Uspec, el tema es tan sensible que no se descarta llevarlo a una instancia distinta, como un consejo de ministros, con el fin de dirimir las diferencias que han surgido con la Dian y que, para la entidad carcelaria, es otro lío más del ya deteriorado sistema.

Fuente: El Tiempo

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