Expresidentes de Reficar Cabrales y Castilla no aceptaron cargos

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El fiscal especializado anticorrupción Julián Rendón le imputó a los expresidentes de Reficar Orlando José Cabrales y Felipe Castilla Canales el delito de contrato  sin cumplimiento de requisitos legales por su presunta participación en el trámite y la celebración de un contrato para la modernización de la refinería en Cartagena, el 19 de noviembre de 2009.

Según la explicación del fiscal, a Felipe Castilla se le acusa de tramitar el contrato y a Orlando Cabrales de celebrarlo. Este sería irregular según la Fiscalía pues se hizo de manera directa y sin haber abierto un concurso para contratar. Sin embargo, ninguno de los dos imputados aceptó los cargos.

El fiscal dijo que Cabrales y Canales «en su condición de servidores públicos de Reficar celebraron un contrato para el plan de modernización de la refinería».

En su argumentación, el representante del ente acusador dijo que «Felipe Castilla Canales mostró ante la junta directiva de Reficar la viabilidad de contratar a los consorcios Foster Wheeler y Process Consultant sin adelantar el concurso».

«Felipe Castilla -agregó el fiscal- justificó una contratación directa cuando tenía la obligación de realizar un proceso de concurso».

El expresidente Castilla habría dado esta justificacion diciendo que conocía el mercado, los proveedores y los precios que mejor se ajustaban al proyecto, pero no realizó un concurso público para seleccionar la oferta más razonable, por lo que «cercenó la posibilidad a otras compañías de participar en igualdad de condiciones»

Frente a Cabrales el ente acusador dijo que era el encargado de adelantar procesos contractuales y garantizar una selección objetiva frente a la pluralidad de los participantes.

Él, según el fiscal del caso, realizó la verificación del trámite, la evaluación y verificación para aceptar el contrato «sin cumplir los requisitos legales para seleccionar mediante un concurso público».

Con este contrato, de acuerdo con la imputación de cargos, ambos «vulneraron los principios de la función administrativa frente a la prevalencia del interés general al no garantizar un concurso». 

Además habrían vulnerado el principio de selección objetiva e igualmente habrían afectado los intereses del Estado a través de la sociedad Reficar, «con el proyecto más ambicioso del país en materia de hidrocarburos», dijo el ente acusador.

Por este delito, de ser hallados culpables al final del juicio, los expresidentes podrían pagar una pena de 5 a 18 años de prisión, una multa de 66 a 300 salarios mínimos y una inhabilidad para ejercer funciones públicas hasta por los mismos 18 años.

El fiscal no solicitó medida de aseguramiento, pero tiene 90 días días a partir de hoy para presentar el escrito de acusación en contra de los imputados.

Fuente: El Tiempo

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