En zonas de influencia de 10 CAR se concentra 73 % de la deforestación

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En los últimos cuatro años, el presupuesto del Sistema Nacional Ambiental (Sina), el destinado para la administración y conservación de los recursos ambientales, creció en un 70 por ciento.

En esos años, según el informe anual de la Contraloría General sobre el ´Estado de los recursos naturales y del ambiente´, que evaluó lo hecho por el gobierno Santos entre el 2015 y el 2018, el presupuesto pasó de 3 billones a 3,8 billones, para un incremento del 70 por ciento.

Sin embargo, ese crecimiento se explica porque la mayoría del dinero que ha aumentado es el que manejan independientemente las corporaciones autónomas regionales (CAR), que son las autoridades ambientales en las regiones. Nada más el año pasado, sus recursos ascendían a 3,2 billones de pesos, el equivalente a casi un billón más que en el 2015.

En cambio, el dinero que viene del Presupuesto General de la Nación (PGN), aquel que el Estado directamente asigna para el medioambiente, se ha quedado rezagado en el tiempo. El año pasado, el PGN asignó 705.620 millones de pesos al medioambiente, unos 10.000 millones menos que en el 2015.

Lo que revelan estos datos es que las CAR tienen 11 veces más recursos presupuestales que el Gobierno en materia ambiental, y ello muestra que es muy poco lo que el Ejecutivo viene asignándole a este sector.

´Preocupa la tendencia histórica, un bajo promedio de asignación de recursos para el sector ambiental que no supera el 0,5 por ciento del total del presupuesto anual´, dice la Contraloría.

Así, la mayoría del dinero se está concentrando en las CAR, que entre el 2014 y el 2018 administraron en total recursos por 10,3 billones de pesos.

Esto no sería problemático si esas entidades funcionaran sin tacha. No obstante sus millonarios recursos, según la Contraloría, estos organismos ´adolecen de una deficiente planeación en la inversión y su ejecución´.

Uno de los frentes en los que vienen fallando las CAR es el control de la deforestación. Entre el 2015 y el 2018 se deforestaron 719.764 hectáreas, lo que equivale a casi un millón de canchas de fútbol.

Al analizar el periodo 2010-2017, el acumulado de hectáreas en las que se talaron árboles es de 1,3 millones. Pero ocho departamentos concentraron el 73 por ciento, con un millón de hectáreas deforestadas. Estas zona son Caquetá, Meta, Antioquia, Guaviare, Putumayo, Chocó, Santander y Norte de Santander.

En esas regiones tienen influencia 10 corporaciones autónomas regionales. ´Esta situación exige replantear los planes de acción y tomar medidas para mejorar la gobernanza de las CAR´, dijo la Contraloría.

Precisamente, las 10 CAR que concentran la mayor deforestación son Corantioquia, Cornare (oriente antioqueño), Corpourabá, la CAD (que incluye Vaupés, Guaviare y Guainía), Codechocó, Cormacarena, Corpoamazonía y Corponor (Norte de Santander), CDMB (Bucaramanga) y CAS (Santander).

La Contraloría encontró que en la deforestación reportada por esas CAR, entre el 2010 y 2017, al menos 323.874 hectáreas corresponden a los permisos que ellas mismas dieron para el aprovechamiento forestal a particulares. El resto, las otras 701.376 hectáreas están relacionadas con la tala ilegal.

Esa tala se dio ´sin que se observara ninguna acción de las entidades encargadas de su control y movilización´, según el órgano de control.

Otra dificultad que tienen es el reporte de información. Esas 10 corporaciones le dijeron a la Contraloría que en 7 años se movió un volumen de madera con permiso legal de 8,4 millones de metros cúbicos. Sin embargo, en el Sistema Nacional de Información Forestal reportaron que en el mismo periodo se movieron 9,7 millones de metros cúbicos de madera, pero solo 1,7 millones tenían permiso.

En su informe, la Contraloría evaluó el plan del Gobierno para la explotación de yacimientos no convencionales, técnica conocida como fracking. La Contraloría dijo que reconoce los esfuerzos del Gobierno ´en materia de regulación al establecer los requerimientos técnicos y procedimientos´ para explotar estos hidrocarburos, pero ´pone en evidencia las deficiencias de información que tiene el país´ para desarrollar ese plan, que está bajo la lupa del Consejo de Estado.

Como se desconocen los riesgos, afirma la Contraloría, se debería postergar la entrada del fracking ´mientras se resuelve la incertidumbre´.

Contenido tomado de: El Tiempo

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