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El proyecto de ley que se radicó ayer ante el Congreso busca la «transformación social del sistema de salud en Colombia» remplazando las EPS por aseguradoras de riesgo en salud (ARS), los regímenes contributivo y subsidiado se unificarían «para que todos los colombianos cuenten con las mismas condiciones y beneficios» y se incorporaría un modelo integral de atención para que mejore la calidad de servicios.

El senador que radicó el proyecto, Fabián Castillo de Cambio Radical, asegura que es importante que las EPS se dejen de concentrar en la administración de recursos y se dediquen en la atención en salud, orientando el modelo a una atención primaria integral. Además señaló que se crearía un médico familiar y que se debía prohibir la negación de servicios, con lo que se erradicarían los paseos de la muerte.

«Las EPS se convertirían en entidades que no solo atiendan enfermedades, sino que las prevengan. Por eso se habla de gestoras de riesgo», aclaró Castillo.

El proyecto propone una mayor eficiencia y transparencia en la administración de los recursos mediante el desarrollo de tecnologías de la información y sanciones ejemplarizantes. «Se pagará del nivel central directamente al prestador del servicio, evitando las desviaciones de recursos. Así se acabarán carteles como el de la hemofilia», añadió.

En cuanto a las enfermedades crónicas, propone coberturas especiales y también regular los precios de los medicamentos en toda la cadena, desde el fabricante hasta el dispensador final.

«Buscamos proporcionar a los colombianos un servicio de salud eficiente y sostenible, que cumpla principalmente con las necesidades del paciente», afirma Carrillo, quien dice que con esta transformación 45 millones de afiliados al sistema de salud, independientemente de su condición económica, recibirán la atención oportuna y adecuada, garantizándoles el derecho a la salud. «Habrá un plan único para todos los colombianos, se acabarán los pacientes de primera y de segunda clase», afirmó.

En su argumentación, el senador señaló que cada año se reciben alrededor de 158.000 tutelas por mala prestación o negación del servicio. «Eso evidencia la ineficiencia del sistema».

Castillo ve con urgencia adelantar un proceso participativo con la ciudadanía para recibir comentarios, sugerencias y dudas. «No es justo para nadie continuar con esta forma de atención; es el momento oportuno para renovar el sistema. Mañana podría ser tarde, y estamos pensando en salvar vidas», añadió.

Fuente: El Tiempo

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