El gran debate del sesgo ideológico en la educación

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Más opciones de educación privada como fórmula para combatir el adoctrinamiento en las aulas de la educación pública es, a grandes rasgos, la propuesta que planteó el senador Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter esta semana.

El líder del Centro Democrático compartió una fotografía en la que se ve a un profesor y un grupo de estudiantes de la Normal Superior Montes de María, Bolívar, sosteniendo un cartel en el que se lee: «Abracemos la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz)». Junto con la imagen, escribió lo siguiente: «Abuso de algunos profesores justifica poner competencia a la educación pública. Que estudiantes puedan ir a la privada y el Estado pague el 100 por ciento por estudiante de familia de bajos ingresos. Educación sin adoctrinamiento pagada por el Estado a los de menos ingresos, con competencia».

Las reacciones al trino no se hicieron esperar, de lado y lado, y el debate abierto no solo fue tomando una enorme fuerza, sino que también es de muy profundo calado.

Fecode, gremio que aglutina el mayor número de maestros de la educación pública, rechazó el mensaje del senador y lo acusó de querer imponer su propio modelo educativo, «donde el proceso de paz no exista y la educación pública, tampoco». Asimismo, exigieron respeto por los docentes y por la libertad de cátedra.

En entrevista con Blu Radio, Uribe amplió que «no se puede seguir usando la paz para hacer adoctrinamiento», y negó que su propuesta implique privatizar la educación pública, aunque dijo que en ella hay un tema de mala calidad que se debe tratar cuanto antes. Y en otra entrevista, esta vez con la W Radio, el exmandatario agregó: «El monopolio de la educación pública básica y media es igual de grave para el país a que no haya educación pública».

Sin embargo, en ninguna de estas dos intervenciones, Uribe dio mayor detalle de cómo funcionaría el modelo de «mayores y mejores opciones a la educación pública para los padres de familia» ni tampoco explicó de dónde se sacarían los recursos para ponerlo en marcha.

Daniel Mera Villamizar, exsecretario técnico de la comisión de empalme de educación del presidente Iván Duque y partidario de la propuesta del exmandatario, aclara que la idea no es acabar con los colegios oficiales, sino combinar la oferta para que los padres tengan más opciones. «Hay que luchar por mejorar los centros públicos, pero es muy difícil porque el interés gremial traba todo».

Julián Moreno, asesor de la Fundación Empresarios por la Educación (ExE), está en contra de esta propuesta. «La educación pública es la principal garantía de equidad en una sociedad y lo que corresponde es mejorarla y protegerla, no debilitarla».

En cambio, Edward Rodríguez, representante del Centro Democrático por Bogotá, quien retiró esta semana un proyecto de ley para limitar la libertad de cátedra en los colegios «alega que la medida necesita una discusión más profunda», considera que la solución de Uribe de destinar mayores recursos económicos a los establecimientos privados sí favorecería el acceso a los estratos con menores ingresos.

Y esto, dice, porque la falla en el sistema público es estructural: «Cuando el senador habla de incrementar la oferta privada es porque los privados lo han estado haciendo muy bien, y eso se ve reflejado en la calidad de la educación».

Pero, en medio de este debate entre educación pública y educación privada, se perdió el foco de un tema trascendental: ¿cómo se evitan las lecturas parcializadas de la historia reciente o la formación claramente ideologizante en las aulas sobre el pasado y el presente? El tema no deja de ser menor en un país que acaba de sellar un proceso de paz y busca consolidarlo, y donde para unos hubo un conflicto armado con causas históricas objetivas que lo generaron, y, para otros, lo que ocurrió fue básicamente un desafío terrorista inaceptable a un Estado democrático y totalmente legítimo.

¿Quién tiene la razón? ¿Cuál de estas dos visiones es la que se debe enseñar a las futuras generaciones para poder avanzar hacia un mejor país?

La respuesta es compleja y claramente no de absolutos, pero Colombia no es el primer país que pasa por esta discusión ni será el último. Pasó con el régimen de Franco en España y con el de Pinochet en Chile (por citar solo dos ejemplos), y en decenas de países más que han vivido episodios traumáticos en su historia. Y ahí está el corazón de la discusión. ¿Cómo vamos a enseñar nuestra historia reciente? ¿Cuál va a ser ese discurso? ¿Con qué parámetros debe construirse? ¿Quiénes deben hacerlo y velar porque esa línea, sea cual sea, se respete por el bien de las nuevas generaciones, la superación de los conflictos del pasado y el futuro de la nación?

Julián de Zubiría, consultor en educación, dice que «el senador (Uribe) tiene razón en que las doctrinas y el pensamiento único no son buenos en la educación, pero la solución a estos problemas no está en la privatización ni en la coacción a la libertad de cátedra. Hay que hacer exactamente lo contrario: fortalecer la libertad de cátedra, de manera que se amplíen los debates y se fortalezca el pensamiento crítico de los estudiantes, que es el mejor antídoto contra los dogmas. Las democracias necesitan una educación pública robusta y de calidad. Son las dictaduras las que coartan la libertad de cátedra y destruyen la educación pública».

Edward Rodríguez responde que «el adoctrinamiento de izquierdas en los colegios públicos es una realidad social que no se puede negar y no se está presentando en los privados. El debate es cómo prevenimos eso y cómo lo sancionamos. La gente de Fecode tiene derecho a hacer política, pero háganlo con sus profesores, no con los estudiantes. Lo que no se puede hacer es utilizar su posición dominante para generar odio en nuestros niños».

Rodríguez,  insiste en que si bien la pelea no es contra lo público, y se debe garantizar el pluralismo ideológico, el tema de la formación o discusión política no debería darse, en ninguna circunstancia, con menores de edad. «No antes de octavo grado», puntualiza.

Vicky Colbert, fundadora y directora del modelo pedagógico Escuela Nueva, opina lo contrario, que «los niños deben aprender a desarrollar un pensamiento propio desde muy pequeños y sobre todo, aprender a escuchar al otro y a respetar las diferencias». Y aunque advierte que «el rol del docente tiene que ser de guía y de orientador, pero jamás de adoctrinamiento», subraya que «es clave que los niños tengan acceso a puntos de vista diferentes».

Para Moreno, también la clave está en los docentes. La aseveración del experto está sustentada por diversas publicaciones, entre otras, de organismos como la Ocde y la Unesco, que incluso se han referido al caso particular de Colombia y han dicho que es necesario apostar por mejorar las condiciones y formación de los docentes y fortalecer la educación pública como factor impulsor del desarrollo económico y la mejor forma de lograr una sociedad más equitativa y justa.

Fazal Rizvi, investigadora del Departamento de Estudios Globales sobre Educación de la Universidad de Melbourne, expone en un estudio de la Unesco, de una forma muy realista, que la idea de que la educación debe ser financiada y administrada totalmente por el Estado ya no es viable. «En una era en la que crece la demanda de educación, pocos Estados disponen de los recursos para financiar la educación por sí mismos. Por tanto, necesitan la ayuda del sector privado».

Rematando, lo que el senador Uribe ha abierto, y tal vez sin quererlo, es el gran debate nacional sobre cómo debemos contar nuestra historia reciente a las futuras generaciones: un gran desafío que habrá que resolver entre todos los colombianos.

Fuente: El Tiempo

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