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El caso de José Ricardo Barrera Barrera comenzó el 28 de Junio de 2014, cuando se vinculó como patrullero a la Policía. En el 2016 lo transladaron a Medellín como integrante de un grupo operativo que se encargaba de incautar sustancias psicoactivas en zonas de alto consumo.

Barrera argumenta que, en medio de su trabajo, y como consecuencia de sus labores cotidianas, las pocas horas de sueño, la responsabilidad de dar resultados a sus superiores, comenzó a consumir la droga que decomisaba.

Esto lo conoció el comandante de la zona y lo remitió a servicios médicos para que brindarle atención psicológica, en donde aceptó su adición y posteriormente lo remitieron a un centro de rehabilitación en Bogotá.

El 24 de abril de este año se le informó que debido a la perdida del 10% de capacidad laboral por el consumo de drogas la institución procedió a desvincularlo y dejarlo sin afiliación al sistema de salud, sin medicinas, ni tratamientos para la drogodependencia. Al revisar la tutela, la Corte recordó que las Fuerzas Militares y de Policía tienen la obligación de seguir prestando servicios de salud a uniformados desvinculados, en tres casos.

La Corte dijo que a Barrera se le vulneraron sus derechos a la vida, la salud, la dignidad humana ya que fue desafiliado del Sistema Prestacional de las Fuerzas Militares, pues dejó de estar en servicio activo y no pudo tener acceso a una asignación de retiro ni pensión.

En ese sentido, para la Corte es claro que a Barrera se le debieron seguir suministrando los tratamientos para el trastorno mental y del comportamiento por consumo de drogas. Esto porque el consumo de sustancias psicoactivas se dio durante la prestación del servicio, y fue la causa por la que fue retirado de la Institución. 

El alto tribunal aseguró que el servicio de salud se debe suministrar de manera ininterrumpida, constante y permanente.»

«La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional vulneró los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la dignidad humana del señor José Ricardo Barrera Barrera al suspenderle el servicio médico, argumentando cuestiones netamente laborales, sin tener en cuenta que la afectación que padece fue adquirida durante la prestación del servicio», dijo la Corte.

Según los magistrados, suspenderle los servicios médicos a Barrera porque fue desvinculado de la Policía «resulta un argumento constitucionalmente inadmisible».

Fuente: El Tiempo

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